Incendios en el sur del país: solo el 20% de las pérdidas estaría cubierta con seguros

Los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía podrían tener un impacto económico mayor en las empresas y personas afectadas por los siniestros.

De acuerdo a estimaciones de la industria aseguradora, de las pérdidas ocasionadas por los incendios (sobre US$ 300 millones aproximadamente) solo un 20% estaría cubierta por las diversas pólizas que ofrece el sector. Ello implicaría unos US$ 60 millones en seguros comprometidos, contratados principalmente por empresas de mayor tamaño.

En su mayoría se trata de seguros de incendio agrícola, estructura, plantas y maquinarias, ganado y bosques contratados por grandes forestales. También, existen seguros contratados por madereras medianas, viñas y algunas firmas agrícolas y ganaderas, donde las principales aseguradoras mencionadas en este negocio son Mapfre, HDI y Sura.

La mayoría de estas pólizas cubren los siniestros de incendio provocados por el hombre. Y aunque existen cláusulas de exclusión, por ejemplo, casos de terrorismo, en la práctica, la mayoría de las indemnizaciones se pagan de todas formas debido a la exigencia de una sentencia judicial que ratifique el acto terrorista como tal, la que en general no se obtiene, según explican en el sector asegurador.

De hecho, esta última es una de las razones de la poca penetración del seguro en zonas como La Araucanía.

La cobertura en el resto de los territorios también se vio afectada por los incendios de 2017, tras lo cual las condiciones, los deducibles y costos de las pólizas se elevaron sustancialmente, según afirman algunos afectados.

Conocedores de este segmento de negocios indican que la cifra estimativa de cobertura para esta situación en particular -la que se irá clarificando con la información que las compañías deberán enviar semanalmente al regulador a partir del próximo lunes- está en línea con el nivel de aseguramiento contra incendio de países menos desarrollados, donde, en general, sólo un tercio de los daños provocados por una catástrofe se encuentran asegurados.

Situación de micro empresas

El presidente de PymeMad, Michel Esquerré, gremio que agrupa a pequeñas y medianas compañías forestales con fuerte presencia en la zona incendiada, dijo a DF que alrededor del 40% de las empresas madereras medianas de la zona afectada cuentan con seguros, pero el grueso de las micro empresas del rubro no cuentan con ninguna protección.

La principal razón “son los altos costos de estas pólizas, las que se sitúan entre $ 8 y $ 12 por cada $ 1.000 asegurado, con deducibles de entre el 10% y 15% de la pérdida por siniestro”, precisó. Con estas condiciones, según el empresario, se hace imposible para los más pequeños destinar dinero a seguros.

En el caso de las viñas afectadas, la penetración de seguros es aún más baja. Vinos de Chile indicó el lunes que varios sectores suspendieron sus actividades productivas, y están coordinando iniciativas tendientes a recolectar fondos para los viñateros afectados en el Valle del Itata.

Cobertura agrícola

Un sector que sí cuenta con aseguramiento es el agrícola, debido al apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap).

El director nacional del organismo, Santiago Rojas, indicó a DF que en las comunas afectadas por la emergencia, existe un total de 3.867 pequeños agricultores de Indap que cuentan con seguros agropecuarios con cobertura para incendios en rubros agrícolas (cultivos, frutales), pecuarios y apícolas.

“Las pólizas de estos seguros fueron financiadas con apoyo de Indap y Agroseguros, a través de subsidios por hasta un 95% del valor de las pólizas. Como institución estamos apoyando la realización de los correspondientes denuncios con el objeto de que los afectados puedan acceder a las indemnizaciones respectivas”, añadió Rojas.

A partir de hoy los usuarios de Indap serán beneficiados con la prórroga automática de sus créditos, beneficiando a cerca de 6.652 personas de las comunas afectadas desde Maule a La Araucanía por un monto de $ 10.704 millones.

“Esta medida es para diferir el pago de las cuotas que vencen en el primer semestre por un período de 6 meses como máximo, con el fin de estudiar las medidas definitivas, que permitan dar una solución a las y los usuarios que han perdido su capacidad productiva”, dijo.